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Entrevista a Laura Lamana, Abogada y Máster en Derecho Ambiental

Para profundizar y conocer de forma exhaustiva la creación y funcionamiento de las Comunidades Energéticas desde un punto de vista jurídico y legal, hoy contamos con la presencia de Laura Lamana, Licenciada en Derecho en la especialidad Jurídico-Económica, y Máster en Derecho Ambiental

Posee una muy amplia experiencia en los campos de asistencia jurídica a administraciones públicas y práctica jurídica, en derecho urbanístico, asesoramiento a entidades locales, derecho energético y medioambiental y contratación pública. 

Actualmente, es socia de Deurban Abogados.

 
¿Cuáles son los retos de las entidades municipales para impulsar las CEL?

Parece evidente que una de las principales actuaciones de los municipios en la mitigación del cambio climático, la lucha frente a la crisis climática y energética y la gestión más eficiente y sostenible de los recursos, es el apoyo, impulso y participación de una o varias comunidades energéticas en su municipio, junto a sus vecinos y con una clara voluntad de empoderamiento ciudadano en materia de energía.

 

¿Qué modelo jurídico se ajusta mejor al modelo de actividad de las CEL?

A mi juicio, y toda vez que la legislación exige una entidad jurídica sin limitar su forma, es acudir a una Asociación sin ánimo de lucro prevista en la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como en distintas normas autonómicas como la Ley 7/2007 del 22 de junio de Euskadi. Es una entidad con personalidad jurídica y amplia capacidad de obrar, responde directamente por sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros, y las personas asociadas no responderán personalmente por las obligaciones de la asociación inscrita. Además, su constitución y funcionamiento es sencillo.

¿Qué pasos debe seguir un Ayuntamiento para activar una CEL?

Los pasos pueden ser muy sencillos. El principal es la voluntad del municipio de contribuir a la constitución de una comunidad energética en su municipio. Lo siguiente es participar, como promotor, en la constitución de la Asociación que da cuerpo legal a la Comunidad Energética. Y por último, poner a disposición de la Comunidad  espacios públicos municipales, por ejemplo cubiertas de edificios municipales (mediante derecho de superficie de otra figura jurídica,) para la instalación de proyectos de generación de energías renovables.

¿Cómo se deben adecuar los espacios públicos para que puedan desarrollarse estos nuevos modelos? ¿Cómo son los procesos de cesión de espacios públicos para estas actividades?

Puede haber distintas formas, pero las más habituales son: la constitución de un derecho de superficie sobre inmuebles (cubiertas) o suelos de propiedad municipal, la cesión de suelo mediante concesión administrativa de uso privativo del dominio público, o mediante la constitución de un complejo inmobiliario urbanístico. En todo caso, deberá atenerse a lo regulado en las legislaciones bienes y patrimonio de las administraciones locales en cuanto al procedimiento, y sobre todo, la concurrencia pública reservada a este tipo de entidades si no cabe la cesión directa.

¿Qué riesgos tiene una entidad municipal frente a la puesta en marcha de estas iniciativas?

Ninguno, pues la Asociación es una entidad con personalidad jurídica propia. Los riesgos, a mi juicio, son más reputacionales y de lograr un buen funcionamiento, transparente, participativo y con un claro y marcado componente social y de empoderamiento ciudadano. Por ello, considero esencial que el Ayuntamiento mantenga una tutela activa durante la vida de la Comunidad, y que cuente con buenos profesionales en cuanto la gestión de la Asociación.

¿Está la ley suficientemente clara como para que puedan desarrollarse estos modelos?

No. Tanto las Directivas Comunitarias que regulan las Comunidades Ciudadanas de Energía como las de energías renovables y la legislación española que las trasponen, dejan una imperante amplitud al modelo a adoptar, que puede ser una cooperativa, una entidad mercantil o la que proponemos, la Asociación sin ánimo de lucro. 

¿Cómo ha evolucionado el ámbito municipal respecto a los temas energéticos en estos últimos años?

En muy poco tiempo, el interés municipal, la implicación y la voluntad de participar han crecido de forma más que importante. En este momento, con cuestiones como la crisis climática y energética, las políticas de la Unión Europea, los fondos Next Generation, la conciencia social y ciudadana, y las iniciativas legales para hacer frente a la escalada del coste de la energía, hacen que para muchos ayuntamientos, la energía, sea una prioridad en su políticas públicas

 

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Una solución incipiente pero eficaz.

Un informe editado por PwC y publicado por la Fundación Naturgy pone de manifiesto la escasa implantación de las comunidades energéticas en nuestro país. El estudio contabiliza 33 en España, mientras que otras regiones, como Alemania, rozan las 2.000

El informe ‘El papel del consumidor y la gestión de la demanda en la transición energética’ publicado por la Fundación Naturgy destaca que el autoconsumo, junto a los sistemas de almacenamiento y a la figura de los agregadores de demanda, serán «los principales mecanismos» con los que contará el consumidor para contribuir a la flexibilidad del sistema eléctrico y a la integración de las energías renovables.

El documento también revela que en España las comunidades energéticas están menos desplegadas que en otros países europeos. Por lo que PwC, a través de su responsable de Energía en área de Consultoría, Óscar Barrero, ha señalado «la necesidad de un modelo regulatorio que las contemple y la aparición de los modelos de negocio que las hagan viables».

Solo hay 33 comunidades energéticas, mientras que en otros países europeos rozan las 2.000

El informe de Fundación Naturgy señala al autoconsumo compartido y los agregadores de demanda como las principales herramientas con las que el usuario final puede contribuir a la integración de las energías renovables.

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El Gestor Energético y las CEL

De la mano de la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos – Apadge y las empresas de administración de fincas se pone en marcha un proyecto piloto para impulsar la generación de comunidades energéticas locales y generar nuevos modelos de comportamiento y gestión energética.

Este proyecto se desarrolla para toda Andalucía gracias a la financiación de un proyecto Europeo gestionado por la Federación Nacional de Gestores Energéticos conjuntamente con varios socios colaboradores y está destinado al empoderamiento de las familias y su participación en la transformación del modelo energético actual.

El objetivo principal es desarrollar una metodología transversal que permita ayudar a las comunidades, a los administradores de fincas y a las familias a generar modelos de participación abierta en plantas de autogeneración eléctrica para un autoconsumo directo o dinámico.

Transformar el modelo energético pasa por equipar a los edificios de sistemas de autogeneración conectados a los consumos generales e individuales, por establecer acuerdos de reparto energético entre todos los participantes y por reducir la demanda energética.

Para el desarrollo de estos nuevos modelos es fundamental la figura del gestor/asesor energético como agente técnico dinamizador del ámbito energético y la figura del administrador de fincas por su papel de mediador o como gestor de los modelos de convivencia.

El proyecto incluye la realización de diferentes análisis técnicos, jurídicos y energéticos con el objetivo de establecer diferentes modelos de participación para que puedan ser aprobados por las familias y permitan desarrollar un modelo de gestión energética de “km0”.

Según los últimos estudios realizados por fuentes oficiales, el ahorro medio para una familia que participe en una de las llamadas “comunidades energéticas de autoconsumo” ronda el 20% anual sin tener en cuenta los posibles ahorros por la reducción de los consumos energéticos comunitarios.

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¿Cuáles son los retos de las CEL?

Hace unos días, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Bizkaia (CAF Bizkaia) entrevistó al Gerente de Stechome, Luis Mª Sánchez García, acerca de las Comunidades Energéticas, explicando y detallando qué son y los principales retos para llevarlas adelante.

También profundizó en las soluciones que Stechome brinda en este aspecto, las funciones que deben cumplir los administradores de fincas en estas cuestiones, y los retos imperativos para el impulso y desarrollo de estas comunidades.

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Las claves de una CEL

¿Qué diferencia a las comunidades energéticas de otros actores tradicionales?

Propósito: Los ingresos y beneficios de estas actividades se destinan principalmente a proporcionar servicios y beneficios medioambientales o socio-económicos a los integrantes de la comunidad local o al área local.

Propiedad y control: los integrantes del proyecto (ciudadanos, empresas micro/pequeñas/medianas o autoridades locales) participan y ejercen el control estratégico y de dirección de la comunidad energética.

Gobernanza: la toma de decisiones internas está basada en gobernanza democrática, asegurando que la “autonomía” de la comunidad se mantenga. Adicionalmente, las comunidades energéticas se prestan a colaboraciones público-privada-ciudadanas, modelo de gobernanza aún poco desarrollado en España

¿A qué retos se enfrentan las comunidades energéticas debido a sus diferencias con otros actores del mercado?

  • Dificultad para recaudar finanzas por adelantado de los ciudadanos, pymes o autoridades locales.
  • Falta de marco normativo definido.
  • Depender de voluntarios y profesionales de otros sectores diferentes al energético.
  • Escasa experiencia para resolver barreras administrativas para acceder al mercado.
  • La falta de proyectos hace difícil la participación en licitaciones.
  • Existe una complejidad a la hora de usar la gobernanza democrática y estrategias de relaciones locales.

El protagonismo de los usuarios para gestionar su propia energía

Estas comunidades son entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y abierta, donde el control efectivo lo ejercen miembros que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales. El objetivo social por el que se rigen será ofrecer beneficios energéticos a la comunidad, de los que se derivan también importantes objetivos medioambientales, económicos o sociales hacia los miembros de la comunidad o de la localidad.

Las Comunidades Energéticas son organizaciones donde los miembros que forman parte se implican de manera directa en la planificación e implementación de las medidas que llevarán a cabo para la implantación de energías renovables en la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica, térmica (calefacción), mecánica o combustible (biogás), así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética o de movilidad sostenible. Las comunidades utilizan, además, los recursos locales que tienen a su alcance y de los que pueden disponer (energía eólica, solar, biomasa, etc.). Con ello consiguen ser aún más autónomos y disminuir la dependencia de energía externa.

Las Comunidades Energéticas fomentan sobre todo el ahorro energético y contribuyen al desarrollo de la generación distribuida, a reducir enormemente la dependencia energética y cumplir los objetivos energéticos y medioambientales fijados para reducir el impacto medioambiental. ¿Qué más se puede pedir?

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Ventajas y beneficios de una CEL

Las comunidades energéticas pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. Un ejemplo de este tipo de actividades en las que se pueden basar, son el autoconsumo o la generación distribuida, que suponen un factor importante para el ahorro económico de muchas familias, especialmente para las más vulnerables, pudiendo de esta forma hacer frente a la pobreza energética. Además, se evita la dependencia sobre las compañías eléctricas convencionales y se aumenta la competitividad en la industria. Los beneficios ambientales son importantes, con una disminución de la energía consumida, un aumento de energía renovable distribuida o una reducción de los combustibles fósiles utilizados, así como los sociales, con el empoderamiento ciudadano, la creación de empleo local, la creación de un tejido comunitario o la reinversión de los beneficios de la actividad en los aspectos prioritarios para la comunidad. Como podéis ver, una mayor participación de la ciudadanía en el sector energético es crucial para el cambio y refuerza el papel de los ciudadanos y garantiza el derecho de acceso a la energía.

¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en una Comunidad Energética?

  • Generación de energía que proceda de fuentes renovables.
  • Proporcionar servicios de eficiencia energética (incluyendo, por ejemplo, renovaciones de edificios).
  • Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y potencialmente distribución.
  • Prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos.

¿Cuáles son los beneficios de la Comunidades Energéticas?

Beneficio medioambiental

En España, el problema de la dependencia energética es muy importante, siendo esta de casi el 70%. Además la reducción de las emisiones y la sustitución de energías por renovables fijadas para 2030 deben cumplirse y aún nos queda un largo trecho para que estos datos se materialicen.  Es aquí donde entran en juego las Comunidades Energéticas, suponiendo un importante cambio en el proceso de transición energética en nuestro país y en el resto del mundo.

Por ello las energías renovables y la eficiencia energética que se utilizan en estas Comunidades tienen esa implicación de “tecnologías limpias” que van a generar calor y/o electricidad sin usar combustibles fósiles y contaminantes. Ofreciendo de esta forma una alternativa limpia, autóctona, segura y cada vez más rentable, además de la gran contribución sobre la reducción de emisiones de gases contaminantes y el impacto negativo del cambio climático. 

Beneficio socio-económico

  1. Reducción de costes y de la dependencia energética: con estas medidas de eficiencia energética se disminuye la demanda energética y con el uso de energías renovables se reduce en consecuencia la demanda de combustibles fósiles. ¿El resultado? Una reducción de la dependencia energética y del coste de suministro energético para la comunidad o localidad.
  2. Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la demanda
  3. Se fomenta la creación de empleo y se estimula el desarrollo de negocios locales relacionados directa o indirectamente con el sector de las renovables.
  4. Se añade un valor adicional a nivel local, ofreciendo la posibilidad de promover nuevas inversiones en la comunidad.
  5. Gran mejora de las condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales.
  6. Mayor cohesión social.
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El itinerario del autoconsumo

Las placas fotovoltaicas empiezan a formar parte del paisaje rural y urbano español; también del empresarial o industrial. Tendencia que ha tenido su clímax en 2021. Porque, a juzgar por los datos preliminares de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), se instalaron en el mercado hispano entre 1.200 y 1.400 MW de capacidad eléctrica asignada a placas solares. Más del doble de los 623 MW del año precedente. Aunque desde la patronal no se establece una línea divisoria nítida entre autoconsumo propiamente dicho y la mera conexión a la red de generación fotovoltaica, su director general, José María González Moya, avisaba hace unas fechas a The Objetive, que se conectaron a la red alrededor de unos 2.965 MW, que sumados a los de autoconsumo, daban como resultado 4.265 MW instalados en 2021. Si bien se encargaba de precisa que aún estaba por definir cuántos MW correspondieron a consumidores domésticos e industriales.

El recorrido entusiasta por el autoconsumo, en cualquier caso, empezó a gestarse en 2018 con la supresión del llamado Impuesto al Sol. Pero sigue atravesando una senda sinuosa de licencias administrativas con sobrecarga de aprobaciones por organismos autorizados y la todavía poco atractiva inversión inicial. La búsqueda de un aminoramiento de los desembolsos de instalación es uno de los focos de preocupación. Para espolear un capital que también es uno de los desafíos del autoconsumo y de los paneles fotovoltaicos a nivel internacional. Con objeto de reducir las tensiones inflacionistas sobre los precios de instalación y generar mayor competitividad. En este sentido, conviene recordar la recomendación que plantea la Comisión Europea de fijar un IVA mínimo del 5% -incluso con exenciones- en instalaciones de uso familiar. Las ayudas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica -a autoconsumo, almacenamiento y energías renovables térmicas- en el ámbito residencial. O los seis programas de fondos europeos que están dotados con 660 millones de euros, extensibles a 1.320 enfocados a servicios y sectores productivos. Con una hoja de ruta que persigue alcanzar los 9 GW de potencia instalada en 2030 de autoconsumo. Sin descartar rebasar los 14 GW bajo un escenario “muy favorable de alta penetración” que se podría crear si, como parece, las grandes superficies se afanan en conquistar este segmento del mercado. 

Asignaturas pendientes, resta en el tintero resolver críticos aspectos :

  • Imperante necesidad del reparto dinámico de los excedentes.
  • Necesaria reserva de cupo de capacidad de evacuación para todos los proyectos de generación distribuida que se quieran conectar.
  • Ampliación del límite de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. Aunque una concatenación de instalaciones pueda esquivarlo, subsiste esta barrera para el autoconsumo compartido, figura sobre la que se asientan las Comunidades Energéticas.
  • A falta de una completa transposición de la Directiva UE 2019/944 del mercado interior de la electricidad permanece limitado el papel activo de los usuarios de las instalaciones y el uso de las redes por parte de las comunidades locales de energías renovables.